Por Alejandro Barañano
De acuerdo al artículo 7 de la Ley de la COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, se dice que “es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y presupuestaria” y tiene por objeto la protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos.
Ahora bien, para efectos de su autonomía presupuestaria, ese organismo ejercerá libremente el presupuesto que anualmente le apruebe el CONGRESO DEL ESTADO, sujetándose éste a las fiscalizaciones y revisiones que de acuerdo con la Ley se efectúen.
Pero resulta que la presidenta de la COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS en la entidad, CHARLENE RAMOS HERNÁNDEZ, enfrenta graves acusaciones por parte del personal de la institución, desatándose con ello una crisis interna a tan solo siete meses de su nombramiento.
Y es que el pasado 3 de enero ABRAHAN ELIEZER MANRÍQUEZ RAMÍREZ, quien es el coordinador administrativo de la COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, presentó un oficio ante el CONGRESO DEL ESTADO, donde señaló que por órdenes de CHARLENE RAMOS HERNÁNDEZ se realizaron pagos irregulares –incluyendo 43 mil pesos sin justificación alguna– situación que podría constituir un delito grave conocido como “malversación de fondos del erario”. ¡QUIHÚBOLE!
Además a las denuncias por las supuestas malversaciones hechas, se suman también el cambio de contraseñas y claves de acceso a diversos portales de uso de la dirección, el bloqueo de instrumentos de bancarios e institucionales, la “toma” de la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas así como acoso laboral y abuso de poder.
Y es que en el poco más de medio año que tiene fungiendo como presidenta del organismo, CHARLENE RAMOS HERNÁNDEZ ha despedido de manera injustificada a una decena de trabajadores, lo que constituye ser la mitad de la plantilla laboral de la institución, así como que otros empleados de la COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS también han denunciado trato degradante, cruel, amenazas, intimidación, abuso de poder y violencia de género por parte de la mujer.
Toda esta situación fue lo que llevó a los trabajadores a iniciar una huelga que inició el pasado lunes y que fue evidenciada con banderas rojinegras y un candado que impedía el acceso a las oficinas del organismo.
Por su parte, CHARLENE RAMOS HERNÁNDEZ acudió a las oficinas que preside y comentó que la expresión de los trabajadores “no era un paro laboral ni tampoco un procedimiento legal […] pues lamentablemente sabemos que es ilegal y que va a tener sus consecuencias correspondientes”; con lo que arrancó la campaña de DIMES Y DIRETES que se está viviendo en ese lugar.
La gravedad de las acusaciones también han llevado a los trabajadores a solicitar la intervención urgente del PODER LEGISLATIVO, sobre todo de la diputada local EUFROSINA LÓPEZ VELASCO, quien es la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, esto con la intensión de buscar la destitución definitiva de CHARLENE RAMOS HERNÁNDEZ, así como el inicio de investigaciones exhaustivas sobre el presunto mal uso de los fondos públicos, pues entre las acusaciones que pesan sobre de ella está la falta de aclaración de casi medio millón de pesos del presupuesto 2023 que le fue autorizado. Veremos en que acaba toda esta escabrosa novela; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
COMO EN BOTICA
Resulta que la EMPRESA MFT, que se dedica a la venta y distribución de extinguidores de fuego, dijo haber levantado una encuesta los días 29 y 30 diciembre en el MUNICPIO DE LOS CABOS, tomando como referencias a mil 063 personas de un padrón electoral que arroja un total de 252 mil 152 personas.
Sin embargo es por demás obvio que el esquema, selección y metodología que se utilizó fueron manipulados para colocar a CHRISTIAN AGÚNDEZ GÓMEZ como puntero a la contienda en pos de la alcaldía del municipio austral, lo que demuestra que si sus extinguidores son malos sus encuestas son peores. . . ¡HE DICHO!
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