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FACTOR POLÍTICO / ¿UN CONGRESO QUE LEGISLA O TRANSITA?

Luis Miguel Aragón

¿Un Congreso que legisla o transita?

¿Cuál es el costo-beneficio de los diputados locales en Baja California Sur? Recientemente se informó que el Congreso del Estado, integrado por 21 legisladores, ejerce un presupuesto anual de 308 millones 112 mil pesos para atender a una población aproximada de 798 mil habitantes. Esto representa, en promedio, un costo de 14 millones 673 mil pesos por cada diputado.

Desde el propio Poder Legislativo han surgido voces que matizan esta cifra: aseguran que dicho monto no corresponde exclusivamente al gasto individual de cada legislador, sino al funcionamiento integral del Congreso, incluyendo a todo su personal. Precisan, además, que cada diputado percibe alrededor de 88 mil pesos mensuales netos, sin contar los recursos adicionales destinados a gestión, asistencia social y operación.

Pero, ¡el problema no es el costo, sino el desempeño! 

La información que ha permeado de los representantes sudcalifornianos entre la ciudadanía en las últimas semanas es:

De Karina Olivas, se reconoce una agenda muy activa; lo que ha destacado es el reciente exhorto para que la Secretaría del Trabajo federal intensifique inspecciones y garantice el cumplimiento de la llamada “Ley Silla”, que reconoce el derecho al descanso durante la jornada laboral. El reto, como siempre, será que no se quede en un simple exhorto, sobre todo frente a grandes empresas que históricamente han mostrado resistencia permanente a los derechos de sus empleados.

En el caso de Gabriela Montoya, que su nombre suena con fuerza rumbo a la alcaldía de Los Cabos, ha impulsado la iniciativa para tipificar como delito la violencia de género en todas sus formas, un tema de alta relevancia social. Sin embargo, las necesidades de los cabeños son muchas, le puede meter pulso y decisión a su trabajo legislativo 

Por su parte, Lupita Saldaña, se mantiene como la única voz opositora en la actual legislatura, que entre otras cosas: ha fijado postura ferrea contra la llamada “Ley Censura”, la desaparición del Patronato del Estudiante y en contra del matrimonio infantil.

Desde Nueva Alianza, Martín Escogido y Lourdes Cornejo han enfocado su trabajo en temas educativos y sindicales; esta última ha propuesto armonizar la Ley de Salud estatal en materia de malnutrición infantil.

En Morena, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto presentó una iniciativa para endurecer sanciones contra delitos como el lavado de dinero, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, un tema que, sin duda, toca fibras sensibles en el combate a la corrupción.

Del diputado Christian Fabrizio Del Castillo, del PRI, lo más destacado recientemente ha sido su boda el mes de enero pasado. Poco se sabe de su trabajo en el terreno legislativo.

Sergio Polanco, por su parte, ha llevado al Congreso que el ruido generado por camiones de carga en la zona de El Centenario, donde tiene su residencia, pues no lo deja dormir, proponiendo que la autoridad federal regule el uso del freno de motor durante la madrugada.

De Sergio Guluarte, lo que más ha trascendido es un presunto intento de extorsión relacionado con la difusión de fotografías privadas, un tema ajeno a la función legislativa.

Mientras tanto, Eduardo “Yayo” Van Wormer, mantiene una presencia constante en redes sociales, principalmente en actos públicos y fotografías, junto a la alcaldesa de La Paz, aunque su producción legislativa parece limitada.

Sergio Huerta Leggs, ha llevado propuestas para fortalecer los mecanismos de control y supervisión del gasto público, además de alzar la voz por las carencias de su distrito en Los Cabos.

Del resto, poco o nada: una legislatura donde varios han optado por la discreción absoluta, evitando el conflicto, el debate y, en muchos casos, la visibilidad.

Al final, el problema no es cuánto cuesta el Congreso, sino qué tan útil resulta para la ciudadanía. Porque en política, como en cualquier servicio público, no basta con cobrar: hay que justificar cada peso con resultados. Y hoy, en Baja California Sur, la pregunta sigue en el aire: ¿tenemos un Congreso que legisla por el bien común  o uno que simplemente transita por la calle de sus intereses?

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