Por Alejandro Barañano
A pesar de las múltiples observaciones que se han hecho por los montos millonarios que el GOBIERNO DEL ESTADOtiene sin comprobación, la actual Legislatura del CONGRESO DEL ESTADO aprobó con 16 votos a favor y dos en contra, el ejercicio de la Cuenta Pública del año 2023.
La controversia por esta controvertida decisión realizada por los diputados en su mayoría afines a VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, radica por las observaciones que la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO le ha marcó al ejercicio y comprobación de recursos que ejecutó la SECRETARÍA DE FINANZAS.
Para entendernos mejor puede decirse, que en el inicio del dictamen se explicó que de un total de 25 mil 152 millones de pesos que se ejercieron en el año 2023, la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO tomó una muestra de 642 millones de pesos para esta evaluación. El resultado arrojó 109 observaciones de las cuales 41 fueron solventadas, 65 persisten con un estatus de “solventación parcial” y 3 ni siquiera han sido atendidas.
Todo esto arrojó un monto de MÁS 229 MILLONES DE PESOS SIN COMPROBACIÓN: 13 millones no atendidos y 216 millones con “solventación parcial”, por lo que de acuerdo con los resultados de la auditoría, esto significa que el Gobierno del Estado no aclaró el 36 por ciento –aproximadamente– del monto que la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO tomó para la revisión fiscal.
Entre las decenas de observaciones que hizo el órgano fiscalizador existen algunas que fueron marcadas tanto por la oposición como por la ciudadanía en redes sociales. Una de ellas es que se detectó en el Estado Analítico de Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto, que el Gobierno de Baja California Sur amplió el presupuesto en el Capítulo 1000 “SERVICIOS PERSONALES” por 150.5 millones de pesos.
Esto resultó en un PRESUPUESTO MODIFICADO para este rubro por mil 985 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas reportó como pagados el 31 de diciembre de ese año. Pero la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO precisó que el GOBIERNO DEL ESTADO no presentó la documentación donde se aclara y se justifica el exceso del monto pagado, esto con respecto al límite máximo permitido en el Capítulo 1000.
Por si lo hasta ahora anotado fuera poca cosa, salió a relucir que además de los 150.5 millones de pesos que se ampliaron, también se DETECTÓ UN EXCESO de 11.6 millones en lo que la Ley permite en la erogación del Capítulo 1000.
Por ello el órgano fiscalizador recalcó que el GOBIERNO DEL ESTADO tampoco presentó la documentación donde se informe las áreas y funcionarios facultados que intervinieron en la autorización y ejecución del gasto observado.
Además otro punto que se puede leer en el documento de la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO es que se presentó en el Estado Analítico un ingreso por 25 mil 152 millones de pesos. Sin embargo también se reflejó un egreso devengado por la cantidad de 23 mil 995 millones de pesos, con lo que se determina una diferencia por mil 156 millones de pesos menos a los ingresos recaudados, según los informes financieros propios del GOBIERNO DEL ESTADO.
En síntesis, la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ha revelado que el mandato de VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO no solventó dicha observación al no presentar documentación que aclare, compruebe y justifique en qué se ejerció dicho monto, razón por lo cual hay un impedimento para verificar el destino, aplicación y registro adecuado del gasto público, pero aún con ello los diputados afines al gobernador aprobó sin más ni más el ejercicio de la Cuenta Pública del año 2023. ¡BONITA COSA! Por lo tanto quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
COMO EN BOTICA
- TRANZAS MILLONARIAS
Para variar se descubrió un nuevo caso de corrupción y tráfico de influencias en el GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR, protagonizado por una familia muy cercana al gobernador VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO.
Se trata de los MIRAMONTES GERALDO, familia de funcionarios públicos y proveedores del GOBIERNO ESTATAL, encabezada por JOSÉ MARÍA MIRAMONTES CORTÉS, delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad; su esposa ISELA JOSEFINA GERALDO QUIROZ, jefa de Departamento en la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Resulta que la empresa GRUPO COMERCIALIZADOR DIFA, S.A.S. de C.V., propiedad de FARAH NICOLE MIRAMONTE GERALDO, hija del delegado de SEGOB y de la funcionaria del SEDIF, participó en el CONTRATO JEC-BCS-AD-ADQ-014/2024 referente a la “Reconstrucción Del Camino: Los Planes – San Antonio, del kilómetro 0+000 Al Km 21+300, en tramos aislados, municipio de La Paz”, es decir, tramo que conecta a estas dos comunidades del sur de la capital.
La empresa, según el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía Federal, tiene como “objeto social” el “comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina”. Sin embargo en este contrato el GRUPO COMERCIALZIADOR DIFA, S.A.S. de C.V fue quien surtió la malla soldada y gavión galvanizado para la obra de pavimentación por un monto de 197 mil 200 pesos. ¡QUIHÚBOLE!
O sea que se santiguan y se dicen diferentes, pero ha quedado claro que son peores que los anteriores. . . ¡HE DICHO!
