Luis Miguel Aragón
El ataque ruin que están sufriendo, desde el anonimato, dos reporteras que ejercen en el municipio de Los Cabos, sirve para hacer un análisis de lo que ha ocurrido con esta digna profesión.
Del tránsito de lo análogo a lo digital, de la impresión en tinta y papel a las páginas electrónicas, el oficio del periodismo ha sido invadido por personajes sin moral, sin ética y sin el mínimo conocimiento de la redacción y la escritura, ya ni hablemos de las ideas.
Y lo más grave, es que son reconocidos por los funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes populares. En el caso de las dos compañeras, el o los agresores actúan desde el anonimato, lo que vuelve el hecho aún más perverso y evidencia una cobardía absoluta.
Muy grave sería que esta agresión se esté financiando desde el poder político y por tanto, con dinero público. Es necesario reconocer que una gran mayoría de quienes ejercen el periodismo en Baja California Sur lo hacen con profesionalismo, ética, responsabilidad y apego a la verdad.
Sin embargo, existen quienes han convertido esta labor en un mecanismo de extorsión, agresión, violencia o medio para lograr otros fines. Por ello, no resulta descabellado abrir el debate sobre la regulación de quienes están detrás y al frente de páginas, blogs y medios digitales.
A médicos, abogados e ingenieros se les exige una cédula profesional para ejercer; a los policías, formación académica; incluso a los oficios más prácticos se les evalúa antes de contratar.
¿Por qué, entonces, cualquiera puede asumirse y ejercer como reportero o periodista? ¿Por qué surgen, semana a semana, nuevos “medios informativos” sin registro ni responsabilidad alguna?
Si esta degradación no se enfrenta con decisión, el periodismo terminará por perder lo poco que le queda de credibilidad pública. No se trata de censurar, sino de poner orden en un terreno donde hoy impera la simulación, la cobardía y la impunidad.
Porque cuando cualquiera puede difamar sin dar la cara y asumirse periodista sin serlo, no solo se vulnera a quienes ejercen con ética: se lastima el derecho de la sociedad a estar informada.
Y en ese escenario, el silencio de la autoridad no es omisión: es complicidad.
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