Por Alejandro Barañano
La actual Legislatura del CONGRESO DEL ESTADO de Baja California Sur aprobó, sin mayor reparo, el Proyecto de Decreto para expedir la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Dicho documento establece, entre otros aspectos, que los ingresos estimados para ese año ascenderán a casi 27 mil millones de pesos.
En pocas palabras, los legisladores locales avalaron “por sus pistolas” REFORMAS FISCALES que contemplan el incremento del Impuesto sobre Nómina al 3% y la homologación del derecho de saneamiento ambiental en cuatro municipios de la entidad. Estas medidas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Asimismo, dieron luz verde a la reforma al artículo 36 de la LEY DE HACIENDA DEL ESTADO, mediante la cual se ajusta la tasa del ISN para alinearla con el promedio nacional. Según el dictamen, el objetivo es fortalecer los ingresos estatales y municipales destinados a obras de infraestructura social, sin que la modificación implique costos adicionales para su implementación.
Lo preocupante es que, con la entrada en vigor de estas disposiciones, estarán obligadas al pago del impuesto las PERSONAS FÍSICAS Y MORALES que adquieran bienes inmuebles. Se aplicará una tasa del 3% sobre el valor del inmueble; y en casos de donación o sucesión familiar, la tasa será del 1.5%; mientras que en el sector hospedaje, el cobro corresponderá al 70% del valor diario de la UMA por habitación.
No debería sorprender que los diputados aprobaran este nuevo paquete de impuestos, pues se trata de una MAYORÍA SÓLIDA Y DISCIPLINADA. Son advenedizos que simplemente se les ordena que hacer desde PALACIO DE CANTERA y cumplen sin cuestionar.
Tan es así que, que durante la aprobación de los incrementos al Impuesto sobre Nómina, el ISABI y el Derecho de Saneamiento Ambiental, los integrantes del PODER LEGISLATIVO ofrecieron un espectáculo lamentable, ello con tal de justificar los sueldos de casi 100 mil pesos mensuales que perciben cada uno de los 21 legisladores.
El problema no es la existencia de una mayoría, sino que esta actúe como si no necesitara escuchar, explicar ni rendir cuentas a nadie. Con su proceder demuestran que les importa muy poco que los impuestos aprobados impacten tanto a empresas como a trabajadores. Se dieron el lujo de omitir lecturas e ignorar los llamados al diálogo de los sectores productivos. ASÍ DE FÁCIL Y SIN CHISTAR.
En síntesis, la actitud de los diputados que conforman ese BLOQUE MAYORITAREO revela no solo su falta de oficio político sino su nula capacidad de autocrítica, pues prefieren comer sin disimulo en las curules, abandonar el recinto y mantener un cuchicheo constante, generando con todo ello un AMBIENTE DE DESORDEN.
Seguramente el PUEBLO SUCALIFORNIANO no olvidará la sesión extraordinaria del pasado 11 de diciembre, cuando los diputados —esos de mayoría sólida y disciplinada— aprobaron sin miramientos las leyes hacendarias estatales y municipales que afectarán a todos por igual. ¡BONITA COSA!; por lo que quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
COMO EN BOTICA
- ¡RECORTE PRESUPUESTARIO!
Apenas hace un año atrás las autoridades de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, contaban con un presupuesto autónomo, más sin embargo ahora se enfrentan a una nueva batalla: Mantener la capacidad de respuesta debido a que el GOBIERNO DEL ESTADO pretende recortarles un 50 por ciento de la bolsa con la que opera anualmente.
Fue el fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, LENIN ORTIZ AMAO, quien informó que el Paquete Económico 2026 que presentó la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, BERTHA MONTAÑO COTA, ante la actual Legislatura, establece únicamente un monto de 2.5 millones de pesos para esa dependencia.
Es decir, que esta situación PONE CONTRA LAS CUERDAS el avance y crecimiento de la lucha contra la corrupción, así como las investigaciones que ejecutan en contra de decenas de exfuncionarios y servidores públicos de administraciones estatales y municipales. ¡NI HABLAR!
- ¡RECHAZAN PROPUESTA!
El FRENTE EMPRESARIAL DE LA PAZ manifestó su preocupación y rechazo a la propuesta de reforma que eleva el Impuesto Sobre Nómina del 2.5% al 3.0% en BAJA CALIFORNIA SUR.
La agrupación de cámaras empresariales sostiene que este aumento representa una CARGA ADICIONAL del 20% sobre la nómina, por lo que afecta de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía local y las principales generadoras de empleo formal.
Además el organismo advirtió que esta medida REDUCE LA COMPETITIVIDAD de las empresas frente a otros estados; desincentiva la formalización laboral, al encarecer el costo de contratar personal; y limita la inversión y el crecimiento económico en sectores clave como turismo, servicios y construcción. Pero está visto que todo eso a VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO no le interesa, pues el gobernador solo quiere “los centavos” y no el bienestar del pueblo. . . ¡HE DICHO!
