Luis Miguel Aragón
*Los Cabos: violencia con nombre y mensaje
La violencia alcanzó de manera directa al círculo más cercano del presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez. Este domingo por la mañana, en un ataque frontal, fue asesinado el director administrativo de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Ángel Ojeda de Jesús.
El hecho trasciende la estadística criminal. No se trata de un episodio más dentro de la ola de violencia que azota el municipio de Los Cabos: la víctima era, además de un funcionario clave en el área de seguridad, un hombre de la mayor confianza del alcalde y amigo personal suyo desde hace años. La delincuencia, en esta ocasión, golpea en el corazón mismo del poder municipal.
Ante ello, el Gobierno de Los Cabos enfrenta una disyuntiva inevitable: exigir un esclarecimiento inmediato de los hechos o cargar con la sombra de la impunidad. El asesinato expone con crudeza la fragilidad institucional y cuestiona la capacidad de las autoridades para garantizar seguridad, incluso en sus propios entornos.
El secretario general de Gobierno, Alberto Rentería, no tuvo más remedio que pronunciarse y lamentar la pérdida de un funcionario municipal. Hasta ahora, en episodios anteriores de violencia, su reacción había sido distinta: minimizar los hechos, salir al paso de las versiones y asegurar que la coordinación entre las dependencias de la Mesa de Seguridad avanzaba con resultados. Hoy, el discurso de control se derrumba frente a un crimen que desnuda la vulnerabilidad del municipio.
No olvidemos que hace apenas unos meses dos jóvenes, sin deberla ni temerla, fueron desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida. En aquel caso estuvieron involucrados elementos de la propia Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos, lo que ya había encendido alarmas sobre la penetración de intereses criminales en las estructuras oficiales.
Es cierto que otros municipios de la entidad —Comondú, Loreto y Mulegé— también registran episodios violentos. La diferencia es que en ninguno de ellos se ha tocado a personas tan cercanas al poder político local. En Los Cabos, el crimen no sólo arrebata vidas: manda mensajes y mide fuerzas.
Hoy, las luces rojas se encienden con mayor intensidad en el sur del estado. Este asesinato exige respuestas claras, porque no se puede aspirar a proyectos políticos de mayor envergadura —como la gubernatura— mientras persistan pendientes de esta magnitud. La legitimidad del poder se erosiona cuando la violencia alcanza los pasillos donde se toman las decisiones.
