Luis Miguel Aragón
*Cuando la violencia deja de ser ajena
Las palabras del obispo coadjutor Miguel Ángel Espinoza Garza, durante su participación en el Consejo para la paz y la justicia, no deberían pasar desapercibidas ni reducirse a una declaración más. Dos de sus expresiones, en particular, exigen atención inmediata. La primera: en Baja California Sur persisten los asesinatos, el cobro de piso, la trata de personas, el turismo sexual y un alto índice de violencia familiar. La segunda: las soluciones deben construirse “entre toda la sociedad”, mediante estrategias y políticas de largo plazo.
Si el obispo lo señala, es porque cuenta con información precisa y una lectura directa de la realidad social. Los datos respaldan su advertencia. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, durante los primeros siete meses de 2025, Los Cabos encabezó la incidencia delictiva en el estado con 6 585 delitos, seguido de La Paz con 6 355, en este, concentrados principalmente en casos de violencia familiar. Mientras tanto, Comondú y Loreto han sido los municipios más golpeados por la violencia letal y de alto impacto en los últimos meses de 2024 y lo que va de 2025.
Es cierto que la llegada de fuerzas federales al municipio de Loreto logró apaciguar, el desorden de alto impacto que padecía ese puerto. Sin embargo, ahí es donde cobra mayor sentido la reflexión del obispo Miguel Ángel Espinoza: la seguridad no puede seguir siendo tarea de unos cuantos. “Gobiernos, universidades, sociedad civil e iglesias debemos entrarle”, advirtió, recordando que el problema rebasa a las instituciones de seguridad y alcanza a todo el tejido social.
El Gobierno del Estado ha puesto en marcha campañas contra la violencia y programas a favor de mujeres, niños y niñas. Pero atacar estos problemas no se resuelve únicamente con iniciativas gubernamentales ni con decretos administrativos. La violencia se combate con prevención, educación, reconstrucción del tejido social y una participación ciudadana real.
Porque mientras la violencia siga percibiéndose como un asunto lejano, ajeno o exclusivo de las autoridades, las cifras seguirán creciendo y los discursos se quedarán en buenas intenciones. La advertencia está sobre la mesa. Ignorarla no solo sería un error político, sino una grave irresponsabilidad colectiva.
